Durante la semana del 20 de marzo de 2017, el Ministerio público turco emitió órdenes de detención contra más de 80 abogados que trabajaban en la defensa de sus clientes acusados de pertenecer al movimiento Gülenista, este mismo designado como instigador del intento de golpe de estado de julio de 2016.

Entre los 80 abogados objeto de estas órdenes de detención, 38 ya han sido detenidos durante los días que siguieron en toda Turquía. Según la información de la que dispone el OIAD, son 362 los abogados detenidos actualmente en Turquía y 967 los que están siendo juzgados. Entre ellos, podemos nombrar a los presidentes y expresidentes de una decena de colegios de abogados de Turquía.

Desde el fracaso del golpe de Estado del 15 de julio de 2016, el gobierno turco lleva a cabo una purga sin precedentes en el seno del aparato del Estado, así como del sistema universitario y judicial y en contra de los periodistas. Más de 41.000 personas han sido detenidas a lo largo de estos últimos seis meses y casi 135.000 han sido suspendidas o destituidas de sus funciones.

Más allá de las detenciones arbitrarias y de la tortura practicada durante la detención según múltiples testimonios, y más allá de estas imputaciones basadas únicamente en la asimilación del abogado a la causa de su cliente – el poder turco se esfuerza por debilitar de forma duradera la independencia de la profesión a través de medidas legislativas inquietantes.

Con un decreto ejecutivo adoptado el 22 de noviembre de 2016, el gobierno ordenó el cierre de 370 organizaciones de la sociedad civil turca, con el pretexto de sus supuestos vínculos con organizaciones terroristas. Entre ellas, múltiples organizaciones importantes de abogados, que actuaban especialmente en el ámbito de los Derechos humanos.

Según otro decreto publicado el sábado 29 de octubre de 2016, las conversaciones entre un abogado y su cliente acusado de terrorismo serán grabadas a partir de ahora, la presencia de un guardia será obligatoria durante sus entrevistas y los documentos escritos que se intercambien entre ellos tendrán que ser aprobados por las autoridades. Y, si el juez lo cree necesario, las visitas del abogado podrán ser anuladas durante seis meses.

El OIAD denuncia con firmeza esta represión masiva que no solo afecta a los abogados, sino también a los magistrados, periodistas, académicos y de manera más amplia a los funcionarios turcos. En este sentido, el OIAD ha interpelado a las autoridades diplomáticas de los países de origen de sus miembros, así como a las autoridades europeas e internacionales competentes para invitarles a mostrarse firmes ante esta deriva intolerable del poder turco.

El OIAD hace un llamamiento a las autoridades turcas a respetar la Convención europea de derechos humanos, de la que el Estado turco hace parte, y los Principios básicos sobre la función de los abogados, adoptados por las Naciones Unidas en La Habana en 1990, especialmente los artículos 16, 17 y 18 que prevén que :

• Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.
• Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.
• Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.

El OIAD apela a la comunidad jurídica internacional a que continúe movilizándose y recordando sin descanso a las autoridades turcas sus responsabilidades y su deber de preservar el Estado de derecho y los derechos fundamentales de las personas, incluso cuando éstas son acusadas de terrorismo.